Los farmacéuticos catalanes interponen una nueva denuncia por el servicio que ofrece la aplicación
Desde hace unos años se viene dando una tendencia tecnológica conocida como economía colaborativa, basada en el intercambio para satisfacer necesidades comunes sobre el respaldo de nuevas plataformas digitales. Pese a
tener, a priori, numerosas ventajas para todas las partes, en ocasiones aparecen ciertas discrepancias. El último caso de relieve proviene del caso entre farmacias y Glovo, la plataforma de compras y reparto a domicilio.
Al conflicto comenzado hace más de un año debemos sumarle un nuevo episodio con la
denuncia impuesta por la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) ante la Generalitat de Cataluña contra la comercialización a domicilio de medicamentos. Los boticarios catalanes alegan,
mediante recibos de compra, que Glovo continúa comprando por encargo y repartiendo
fármacos, servicio que
tienen prohibido desde el pasado mes de junio cuando la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) dictó una resolución que ordenaba cesar dicha actividad.
Glovo añade un cargo sobre el precio del fármaco en forma de comisión
Entre sus servicios, la plataforma ofrece la posibilidad de que repartidores compren medicamentos en farmacias, sin necesidad de recetas, y los reparten a domicilio al cliente final. La compañía añade un cargo
sobre el precio del fármaco en forma de comisión, cifra que dependerá de diversos factores como la distancia entre el establecimiento y el domicilio.
“Los repartidores simplemente actúan como mandatarios verbales de aquellos usuarios, que solicitan medicamentos no sujetos a prescripción", por lo que "las compras se realizan con consejo farmacéutico y siempre de forma
presencial en las farmacias" defiende la compañía.
El Ministerio de Sanidad estima que la venta a domicilio "impide garantizar la seguridad del fármaco y abre la puerta a prácticas fraudulentas como la falsificación de medicamentos". Por su parte, la Generalitat
considera el servicio ofrecido por Glovo de "ilegal" y defiende que dicha práctica se traduce en un ejercicio, perjudicial para las
farmacias, de
intermediario sin autorización.